Río Atuel: la Corte citó a las partes y es “un gran paso para La Pampa”

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El llamado es para el miércoles 14 de junio. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo que “la postura de Mendoza está cada vez más débil”. Hay denuncias por supuestos incumplimientos de convenios por el uso del río.

“Es un gran paso para La Pampa: la Corte rechazó las defensas de Mendoza y la obligó a dar razones sustanciales sobre el robo del Atuel”, analizó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez la convocatoria que hizo el máximo tribunal del paía.

La Corte Suprema de la Nación citó a las provincias de La Pampa y Mendoza a una audiencia de “conciliación” para el próximo 14 de junio, ante la demanda de la primera por supuestos incumplimientos de convenios por el uso del Río Atuel, celebrados desde hace casi tres décadas.

A la audiencia de conciliación, que se celebrará en el cuarto piso del Palacio de Justicia ubicado en Talcahuano 550 de Capital Federal, también fueron convocados el Estado Nacional y a “amicus curiae” (amigos del tribunal) que puedan a aportar una solución al conflicto.

Gil Domínguez es el abogado que presentó el primer reclamo formal ante la Corte, en representación del ciudadano Miguel Palazzani y en defensa del ambiente. Tras la decisión de la Corte, y en contacto con un periodista de El Diario, el abogado aseveró: “Si en la audiencia no se llega a un acuerdo, La Pampa está en condiciones de solicitar una medida cautelar que garantice el caudal”.

El constitucionalista añadió: “La postura de Mendoza está cada vez más débil porque no se basa en razones constitucionales sino tan solo en el uso de la fuerza”.

El conflicto por las aguas del río Atuel se remonta al año 1947, cuando se inauguró el embalse El Nihuil, en el departamento de San Rafael, en el sur de Mendoza, que modificó el curso del agua, perjudicando supuestamente al oeste pampeano.

“La Corte no solo citó a la audiencia, sino que rechazó las excepciones o defensas opuestas por Mendoza con el objeto de impedir que el juicio continuara. La Corte rechazó esas excepciones, en la audiencia va a quedar claro ante la comunidad los sólidos argumentos de La Pampa y los escasos o nulos de Mendoza, que tiene una posición que desde el derecho es insostenible”, planteó Gil Domínguez.

Añadió que en las audiencias “se van a escuchar a las partes y a los expertos y tratar de llegar a un acuerdo, que es difícil, pero es un escenario público, democrático, de una causa que ahora conocerá toda la sociedad argentina y puede llegar a definir el rumbo del proceso. Hay que ir muy preparado, con mucho tiempo de preparación, con la estrategia de ofrecerle a la corte ese día cuestiones que no hayan sido ventiladas antes, deben ser novedosas, o rebatirse los argumentos de la contraparte. Es una situación difícil, la Corte es dura, interroga, confronta, hay que prepararse especialmente”, advirtió.

“No hay que intentar ir a darle una clase a la Corte, que conoce muy bien el expediente”, insistió. Aclaró que las partes no entrarán en controversia, pero sí puede haber interrupciones de la Corte. “Generalmente lo hacen con preguntas incisivas y conflictivas”, avisó.

“Si no se llega a un acuerdo, La Pampa estaría en plenas condiciones de solicitar una cautelar que obligue a Mendoza a garantizar un mínimo caudal hasta que se resuelva la cuestión de fondo”, reafirmó el constitucionalista. El abogado apuntó que “hasta con una foto se puede acreditar el grave daño que ha sufrido desde hace años el oeste pampeano”.

La cautelar se pidió en la causa iniciada por los particulares, pero no lo hizo la Provincia en su demanda. La Corte dijo aquella vez que no era el momento, pero dejó abierta la puerta para que “en un futuro” se pudiera implementar.

“Hay un grave daño ambiental basado en el uso de la fuerza”, insistió Gil Domínguez. “Nuestra causa está acumulada a la de la Provincia. La Corte lo que ha hecho es elegir la causa donde los contendientes son las provincias, es razonable, hay más respaldo institucional y legitimidad democrática. Nuestro amparo generó el juicio de La Pampa, pero hay que unir esfuerzos y lograr en el menor tiempo posible que se reestablezcan los derechos de La Pampa, más en este momento en que un gobernador ha tomado el tema como una cuestión de Estado, no como el anterior que de alguna manera se vio obligado a actuar, pero que había puesto un montón de obstáculos”, diferenció.

Historia y demanda

En 1987, la Corte Suprema estableció el carácter “interprovincial” del curso hídrico y reguló la utilización del agua de forma compartida.

En mayo de 2014, La Pampa demandó ante el máximo tribunal a Mendoza por el supuesto daño ambiental que esa provincia ocasionaba y por el incumplimiento del fallo de 1987 que la obligaba a negociar y celebrar convenios para regular el uso del curso hídrico.

En la resolución de hoy, la Corte rechazó por unanimidad un planteo de incompetencia de los representantes de Mendoza y declaró su competencia originaria para intervenir en la causa.

“La necesidad de dirimir la situación denunciada, y dado que ninguna de las provincias podría erigirse en juez de su propia causa, determina que esta Corte Suprema de Justicia de la Nación sea la que deba llevar adelante los procedimientos pertinentes a ese fin”, sostuvo el máximo tribunal en su resolución de hoy.

En la demanda de 2014, La Pampa invocó el “derecho humano al agua”, para que “se declare la presencia de daño ambiental” como consecuencia de incumplimientos de Mendoza a la sentencia de 1987 y otros convenios firmados en los años siguientes.

La provincia de La Pampa había solicitado además que el máximo tribunal ordene el “cese y recomposición” del daño ambiental con obras para “optimizar” el recurso del agua fluvial y condene a Mendoza a pagar una indemnización por los “perjuicios sufridos”, así como pidió que se ordene al Estado Nacional “brindar colaboración para implementar las obras” necesarias.

Tanto la Corte -con la firma de su titular Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, como la procuradora fiscal Laura Monti en su dictamen- se basaron en el artículo 127 de la Constitución Nacional, que establece que las “quejas” de las provincias “deben ser sometidas” a la Corte y “dirimidas por ella”.

En diciembre del año pasado, el gobernador Carlos Verna encabezó una gran movilización en el oeste de la provincia de La Pampa para reclamar contra Mendoza por la restitución del Atuel y en defensa de los recursos hídricos.

“Nos robaron un río, nos están secando el Saldado y al Colorado lo quieren manejar y lo peligroso de Mendoza es como maneja los ríos, a su sólo interés. El gobernador (mendocino Alfredo Cornejo) podrá decir que esto es un show, pero esto es una movilización popular del pueblo de La Pampa que sabe que ellos nos robaron un río”, dijo en esa oportunidad el mandatario pampeano.

El año pasado, a pedido de La Pampa, representantes de la Organización de las Naciones Unidas se pronunciaron sobre el conflicto, al señalar que la situación “atenta contra el derecho humano al agua” de los habitantes de la región e instar a la Nación “a arbitrar las medidas necesarias” para ponerle fin al conflicto.

Fuente: El Diario de La Pampa

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